En esa perspectiva en el último congreso de nuestra organización realizado en junio de 2023, ante esta realidad que no podríamos desconocer, se llevó la propuesta de crear una nueva coordinación, que fungiera como un organismo de asesoría y acompañamiento a las autoridades de los Pueblos Indígenas, así como un organismo de verificación del cumplimiento de las obligaciones que surgen en el proceso de la Consulta Previa Libre e Informada.
Buscamos además darle impulso al cumplimiento de la Consentimiento, Libre, Previo e Informado con objeción cultural y aplicación al derecho al veto, en los postulados que se ha desarrollado a nivel jurídico y más allá de estos, siempre dentro del marco de la buena fe, el acceso a la información, la debida diligencia entre otras obligaciones que son tanto del rasero tanto de la empresa o entidad ejecutora del POA, así como del Gobierno no indígena, en cabeza de todo el abanico de entidades y servidores públicos competentes.
Principio
Comunicación intercultural y respeto por la diversidad.
Enfoque
Comunicación estratégica y transmedia..
Proposito
Visibilizar los procesos y la realidad de los pueblos indígenas.
Meta
Consolidar una comunicación indígena con reconocimiento nacional e internacional.
Afianzar los principios y los mandatos propios indígenas en el proceso de Consulta Previa Libre e Informada, y del Consentimiento Libre, Previo e Informado, fortaleciendo a nuestras comunidades, para que mediante ellos se logre incidir en la gestación de políticas públicas nacionales, regionales, y locales en favor de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Diagnosticar la situación actual de las comunidades indígenas respecto al cumplimiento de la Consulta Previa Libre e Informada y el Consentimiento Libre, Previo e Informado.
Asesorar y acompañar a las comunidades indígenas y a sus Estructuras de Gobierno propio, para que puedan afrontar con estratégia los retos de estos procesos, en articulación con su acervo cultural y sus planes de vida y semejantes.
La Coordinación de Consulta Previa Libre e Informada nace a partir de la necesidad imperante de proteger los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, que se encuentran enfrentando en territorio un nuevo tipo de colonización; es ahora mediante proyectos, obras y actividades (POA) así como mediante las medidas administrativas, que poco a poco se ha insertado en los territorios y territorialidades indígenas el modelo de desarrollo hegemónico imperante y que en su paso ha generado afectaciones de alto impacto cultural, territorial, ambiental, biocultural, económico, espiritual y social para los Pueblos Indígenas alrededor del país colombiano.
En la experiencia de nuestra organización nacional era concurrente que llegaran a nuestra sede en Bogotá autoridades alrededor de todo el país, pidiendo una asesoría urgente. Preocupados solicitaban acompañamiento inmediato porque por ejemplo en su territorio una empresa quería realizar una mega obra que ni si quiera sabían en donde la harían y que consecuencias tendrían, así como también en otros casos nuestras autoridades habían hecho parte de una especie de consulta de una medida administrativa de una entidad pública local, la cual les prometió el cumplimiento de unos acuerdos que quedaron solo en el papel pues nunca se cumplieron.
En esa perspectiva en el último congreso de nuestra organización realizado en junio de 2023, ante esta realidad que no podríamos desconocer, se llevó la propuesta de crear una nueva coordinación, que fungiera como un organismo de asesoría y acompañamiento a las autoridades de los Pueblos Indígenas, así como un organismo de verificación del cumplimiento de las obligaciones que surgen en el proceso de la Consulta Previa Libre e Informada.
Buscamos además darle impulso al cumplimiento de la Consentimiento, Libre, Previo e Informado con objeción cultural y aplicación al derecho al veto, en los postulados que se ha desarrollado a nivel jurídico y más allá de estos, siempre dentro del marco de la buena fe, el acceso a la información, la debida diligencia entre otras obligaciones que son tanto del rasero tanto de la empresa o entidad ejecutora del POA, así como del Gobierno no indígena, en cabeza de todo el abanico de entidades y servidores públicos competentes.
Bajo los mayores estándares de derecho y protección consignados en el Sistema Nacional e Internacional de Protección de Derechos de los Pueblos Indígenas, esta coordinación se creó para asesorar, acompañar a las comunidades en sus territorios y territorialidades indígenas.
Hoy después de un año de creación de esta coordinación, hemos comenzado desarrollar un plan de trabajo integral que mantiene un contenido político y organizativo con principios la defensa de los derechos territoriales y el fortalecimiento del gobierno propio, indispensable para enfrentar todos los retos que traen estas situaciones conllevan, pues como bien conocemos, la Consulta Previa, Libre e Informada obedece a los lineamientos orientados desde la geopolítica, pero con repercusiones y un bomm local, que ha generado desde la firma y la adopción del convenio 169 de la OIT de 1989 y en Colombia mediante la adopción al ordenamiento jurídico mediante la ley 21 de 1991, por lo que este derecho tiene sus bases en la geopolítica que hoy se vive en los territorios y territorialidades indígenas.
Aunque en Colombia somos pioneros en Latinoamérica en los avances en materia de garantía a la Consulta Previa, Libre e Informada, gracias a las luchas de comunidades y las resistencias de hecho que se han visto apoyadas en su mayoría por la vía judicial. Es recurrente las malas prácticas sobre esta garantía de derecho, que en repetidas ocasiones se vuelve un mero procedimiento administrativo y no una respuesta y garantía al derecho preexistente y prevalente de la libre determinación de los Pueblos Indígenas que mediante sus Estructuras de Gobierno Propio y bajo sus Sistemas de Conocimiento Propio, deben responder al cumplimiento de la Ley de Origen, Deber y Derecho Mayor, Ley Natural, Derecho Propio y Palabra de vida.